La caja fuerte
Por si alguien no lo sabía, ya quedó claro de qué se reía José Nino Gavazzo. Se reía de impunidad. El fin de semana, cuando por primera vez quedó detenido por violaciones de derechos humanos, las cámaras registraron las primeras imágenes conocidas de su rostro serio. Su sonrisa es una de las cosas que nunca más. Gavazzo no opuso "resistencia armada", como él mismo había advertido el año pasado. Tal vez porque vio morir a mucha gente y sabe lo doloroso que resulta. No hubo, tampoco, "quiebre institucional", otra amenaza ventilada en la prensa por anónimos militares.
Al general Carlos Díaz ni se le pasó por la visera de su gorra la idea de guardar las citaciones de la justicia a Gavazzo y su banda en la caja fuerte del comando del ejército, como hizo en 1986 su antecesor Hugo Medina con las de dos capitanes y tres mayores acusados de secuestro.
Aquel desacato consentido por el entonces presidente Julio María Sanguinetti desató una ola de miedo y complicidad que inundó el parlamento y sacó a flote la ley de caducidad. En contraste, un proceso de desmantelamiento de la impunidad parece consolidarse con el arresto de Gavazzo, otros cuatro militares –Ernesto Rama, Jorge Silveira, Gilberto Vázquez y el degradado José Arab– y el policía Ricardo Medina, a la espera de la extradición a Buenos Aires.
Se acusa a los seis de la desaparición de la argentina María Claudia García de Gelman, secuestrada para robarle la hija que estaba gestando. La ley de caducidad estableció como excepción de impunidad, entre otras, los secuestros no aclarados tras la restauración democrática. Pero durante 20 años, cuatro presidentes, jueces y fiscales prefirieron hacer la de los tres monos místicos del mausoleo del Shogun: no ver, no oir, no hablar.
En 2001, el entonces canciller Didier Opertti ni se molestó en elevar a la justicia un pedido de extradición de represores formulado desde Argentina. Su par del Interior, Guillermo Stirling –adalid de la seguridad ciudadana y hoy aspirante a defensor de los vecinos de Montevideo–, ni siquiera creyó del caso derivar a Interpol la solicitud de prisión preventiva de delincuentes tan peligrosos. La Suprema Corte de Justicia se sintió obligada a actuar sólo cuando lo solicitó una organización privada –el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur)–, y le dio la razón al Poder Ejecutivo tres años después.
Es lógico que la justicia argentina se encargue del destino de los seis uniformados hoy detenidos. A la uruguaya no le ha interesado la tarea, a excepción de un puñado de magistrados. Mientras, los represores no dan muestras de regenerarse: Gavazzo, Medina y el granadero José Felipe Sande Lima han conocido la cárcel como presos comunes, por delitos cometidos en democracia.
Aún resta un gran trecho del proceso de extradición. Los próximos pasos corresponden al juez Juan Carlos Fernández Lecchini, cuya actuación anterior despierta dudas. Él fue quien el año pasado dejó sin efecto la orden de captura internacional contra el coronel Manuel Cordero, a quien el juez José Balcaldi había demandado por desacato. Ésa podrá ser una figura penal anacrónica, pero no más que la de sedición, por la que Fernández Lecchini procesó, y con prisión, a activistas de izquierda que chocaron con la policía en la Ciudad Vieja.
Fue también Fernández Lecchini quien permitió al ex secretario de la presidencia de Jorge Batlle, Carlos Rapela, resguardar la identidad de quienes saben datos sobre la desaparición de Elena Quinteros. Y revocó la prisión preventiva del ex canciller Juan Carlos Blanco, a quien el juez Eduardo Cavalli procesó por ese caso.
Por otra parte, sigue en pie la oferta de respaldo legal a los represores formulada el año pasado por comando del ejército, cuya la caja fuerte se abriría para pagar en parte a los abogados de Gavazzo y su banda.
Aquellos que proponen recortar el gasto público deberían poner el grito en el cielo. También los críticos de la ley de humanización carcelaria: todos estos años ha sido un peligro que delicuentes tan salvajes anden sueltos por la calle.
(Columna publicada en La Diaria el 12 de mayo de 2006)